La liberación del primer trigo transgénico, el HB4, ha sido oficialmente bloqueada por orden judicial en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Una gran victoria para la región productora de trigo más importante del país.
Después de la aprobación nacional para su comercialización en octubre de 2020, más de 40 organizaciones socioambientales, productores agroecológicos, científicos, pueblos indígenas, presentaron una demanda conjunta ante el tribunal de la provincia.
El colectivo llamado “Un Trigo de Libertad” presentó un caso que reunía pruebas contundentes de los peligros y riesgos que tendría la introducción de un nuevo OGM, citando el nuevo invento como exótico e invasivo, con el potencial de causar una contaminación genética irreversible a las variedades criollas de trigo argentino. El juez que dictó la sentencia citó el principio de precaución consagrado en la Ley General del Ambiente, afirmando que su liberación podría causar daños irreversibles e imprevisibles en la salud humana y ambiental, ya que los riesgos de contaminación son intrínsecamente difíciles de controlar.
En el año 2002 la provincia sancionó la Ley 12822, que ordenó la creación de una Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria, con el fin específico de evaluar el riesgo de nuevas introducciones de transgénicos y otras biotecnologías, señalando: «Ante el vertiginoso aumento del uso de semillas transgénicas, creemos necesario que exista un organismo provincial que tenga la función de controlar su uso». Aunque la comisión nunca se creó, el caso citó la ley por la necesidad de evaluar los múltiples riesgos de la introducción del nuevo trigo transgénico. Hasta que se pueda realizar una evaluación ambiental y de bioseguridad que desmienta los riesgos potenciales, el juez se pronunció por el bloqueo de la siembra comercial en la provincia.
El nuevo trigo HB4, si se libera, gracias a la polinización abierta, pondría en riesgo las variedades criollas adaptadas y mejoradas de trigo argentino a lo largo de los últimos 120 años por los agricultores. Dichas variedades criollas representan un patrimonio cultural y natural de un valor inconmensurable. Además el colectivo demandante alega el derecho a la agroecología que sería abiertamente violado con la liberación del trigo transgénico, atento a la imposibilidad de coexistencia del modelo agroindustrial con el modelo agroecológico.
A todo esto debe sumarse los efectos enormemente probados del paquete de agrotóxicos que acompañan a los OGM, que ya han causado importantes daños ambientales en todo el país. El caso también reunió dictámenes expertos y antecedentes de los riesgos de la expansión del modelo de agricultura industrial intrínsecamente ligado a los OGM.
Mientras que a nivel nacional el gobierno federal argentino tiene la autoridad para aprobar la comercialización de un nuevo producto biológico, según la Constitución Argentina, las provincias son las encargadas de gestionar y proteger los bienes naturales, y esto incluye las semillas. Como afirma el abogado demandante de la organización Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro, «La Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, otorga a las provincias el control de sus territorios, que es precisamente donde se liberan estos transgénicos, y por ello estamos exigiendo que la provincia someta esta liberación de transgénicos a un proceso de evaluación de impacto ambiental dentro de la provincia.»
La esperanza ahora radica en poder ampliar esta prohibición provincial al resto de las regiones de Argentina para efectivamente impedir la producción de este nuevo transgénico, con una demanda ya presentada a nivel nacional. Una medida importante, ya que a nivel internacional varios han empezado a pedir la agilización de la aprobación del HB4 como una falsa solución a la supuesta escasez de trigo causada por la invasión rusa de Ucrania. Esta prohibición provincial y, ojalá, nacional, frenaría en gran medida los objetivos de Bioceres de expandir el OGM.
El trigo modificado genéticamente HB4 fue desarrollado por la empresa argentina de biotecnología Bioceres, que afirma que el nuevo trigo es resistente a las sequías, requiere menos fertilizantes y menos uso de pesticidas. En octubre de 2020 fue aprobado condicionalmente para su venta comercial y experimentación por el gobierno argentino y brasileño, y aunque el nuevo trigo transgénico sólo ha sido aprobado para las fases iniciales de experimentación, Brasil ya ha empezado a hacer pruebas de siembra tras la invasión rusa. Los productores, la sociedad civil y los científicos han protestado firmemente la aprobación debido a la falta de transparencia en el proceso y a los altos riesgos para la salud y el medio ambiente.
En mayo de 2022, Australia y Nueva Zelanda aceleraron la aprobación para su uso en la venta de productos alimenticios, con Bioceres ahora presionando para que se le permita la siembra del nuevo trigo transgénico en Australia para 2024, comenzando con las pruebas de plantación el próximo año.
Navdanya International, en colaboración con Naturaleza de Derechos
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